TEMA 11 TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS DEL SIGLO XIX: LAS DESAMORTIZACIONES

Este tema está sacado de la página www.amtoniohenandez.es y ha sido realizado por el profesor Ángel Luis González Torres. Simplemente se ha resumido un poco su contenido

INTRODUCCIÓN

A lo largo del siglo XIX se extendió por Europa el modelo de desarrollo económico surgido de la Revolución Industrial, que se había iniciado en el Reino Unido en las últimas décadas del siglo anterior. La incorporación de los demás países al proceso de modernización se produjo con retraso, pero si otros países como Francia, Bélgica o Alemania pudieron ir remontando paulatinamente las diferencias hasta alcanzar niveles de progreso similares a los de Gran Bretaña, España, a pesar de sus esfuerzos y éxitos puntuales, acabó distanciándose de las naciones modernas. La introducción de formas capitalistas sobre una economía campesina, atrasada y una incipiente industria propiciaron una injusta distribución de la riqueza en el campo y en las ciudades. Esta situación generó fuertes tensiones sociales entre las clases propietarias y los trabajadores que fueron adquiriendo progresivamente mayor conciencia sobre su situación y derechos.

A finales del siglo XIX se fraguó la unión de intereses de las oligarquías financieras industriales (catalana y vasca) y agrarias (cerealistas castellanos), para garantizar la protección del mercado interior español frente a la competencia exterior, esta situación refleja el fracaso de una transformación económica insuficiente en una España que quedaba relegada al rango de segunda potencia, con una economía diseñada según los intereses de la iniciativa privada y el capital extranjero.

1. LAS TRANSFORMACIONES AGRARIAS

Los cambios técnicos que se produjeron en el medio agrícola fueron lentos, hasta bien entrado el siglo XIX perduró un tipo de crisis característico de Antiguo Régimen: una mala cosecha producía un incremento de la mortalidad ante la imposibilidad de lograr que otras regiones enviaran sus excedentes, dada la penuria de los transportes. Estas crisis afectaban a los sectores más humildes (braceros, jornaleros), mientras que los grandes propietarios se beneficiaban del alza de los precios.

A lo largo del siglo XIX se produjo un modesto crecimiento del sector agrícola en España ayudado por la ampliación de la superficie cultivada, e proteccionismo y el crecimiento demográfico Este relativo crecimiento no fue acompañado de una modernización técnica. La falta de inversión y de mejoras técnicas mantenían en el campo español unos sistemas tradicionales incapaces de dar respuesta a las necesidades de la población. La escasez de capitales en las grandes explotaciones debidas a la falta de iniciativa, y en las pequeñas explotaciones familiares a la falta de recursos, favorecía el inmovilismo de una agricultura que seguía siendo extensiva. Si la superficie de cultivo había aumentado, los rendimientos seguían siendo bajos. El campesinado no aumentó su nivel de vida y no se pudo crear un mercado interno que absorbiera la producción industrial y generara la modernización económica.

Los principales cultivos seguían siendo los de la trilogía mediterránea: el trigo, que aumentó su producción y demandó tarifas arancelarias que gravasen la entrada de trigo extranjero; la vid, que multiplicó su producción convirtiéndose en el producto principal de las exportaciones al entrar en crisis el sector en Francia; y el olivo, cuya producción se mantuvo gracias a la demanda hispanoamericana.

El único sector donde se produjo una capitalización e intensificación de las explotaciones fue en la producción de cítricos en levante, donde se mejoraron los sistemas de riego y se introdujeron fertilizantes, por lo que las exportaciones se triplicaron.

Como conclusión, la falta de inversiones y de mejoras técnicas mantuvo en el campo español unos sistemas tradicionales. La escasez de capitales en las grandes explotaciones debido a la falta de iniciativa de sus dueños, y en las pequeñas explotaciones familiares por la falta de recursos, favorecían el inmovilismo de la agricultura, que seguía practicando sistemas extensivos de cultivo.

2. LA DOBLE DESAMORTIZACIÓN ECLESIÁSTICA Y CIVIL

En España la tierra estaba mal repartida desde épocas remotas, la propiedad de la tierra en el Antiguo Régimen estaba en manos de la Iglesia, de la nobleza rentista, del Estado, o de los municipios. Estos grandes patrimonios territoriales no podían ser divididos por herencia ni ser donados o vendidos (propiedad vinculada o amortizada). Podían o no ser puestos en cultivo, o ser arrendados a los campesinos, según las necesidades de los dueños. Habitualmente se denunciaba su explotación como poco racional, lo que impedía obtener el mejor rendimiento (manos muertas).

Sin embargo, el establecimiento de una economía capitalista era incompatible con el mantenimiento de privilegios que obstaculizaban el intercambio de bienes, las tierras en este caso. La desamortización consistía en la conversión de la propiedad vinculada de la tierra en propiedad privada, particular y enajenable 

2.1. Antecedentes.

Fue muy característico de la mentalidad ilustrada considerar que las tierras vinculadas eran mal explotadas por sus propietarios contribuyendo al atraso de España. Sin embargo, no se planteó seriamente la cuestión de proceder a la desamortización de estas tierras hasta que el Estado no se vio obligado a ello para sufragar los gastos ocasionados por las guerras, o ante los graves problemas de la Hacienda Pública. (Informes de Jovellanos, Floridablanca, Campomanes, etc.).

El gobierno de CARLOS IV, agobiado por los gastos ocasionados por las guerras, recurrió a las manos muertas; decidió en 1798 la primera desamortización de los bienes de la Iglesia para hacer frente a las necesidades de la Hacienda Real. Los bienes a desamortizar eran los de los establecimientos de beneficencia regidos por instituciones eclesiásticas (bienes de hospicios, casas de misericordia, cofradías, etc.). Los bienes se venderían en pública subasta procurando dividir la propiedad para conseguir multiplicar el número de propietarios. A estos bienes se sumaron los procedentes de la Compañía de Jesús y los de los Colegios Mayores. El resultado no fue espectacular, se vendieron bienes por valor de unos 1600 millones pero la deuda no dejó de crecer, y las tierras fueron a parar a los grandes propietarios, que eran los únicos que podían comprarlas.

Hubo también un proceso desamortizador durante el reinado de JOSE I BONAPARTE a expensas de los bienes de clero y de los aristócratas que se resistieron a la dominación francesa

Las CORTES DE CADIZ también emprendieron una obra desamortizadora supeditada a la deuda pública. Decretos de 1812 y 1813 iniciaban una tímida desamortización eclesiástica y civil se establecía la desamortización de los bienes de las comunidades religiosas extinguidas o reformadas por el gobierno de José I, de los bienes de la abolida Inquisición, de los jesuitas y de las órdenes militares; también contemplaba la reducción a propiedad individual la mitad de las tierras de ayuntamientos (propios y baldíos) y propiedades de realengo. La desamortización eclesiástica quedó interrumpida en 1814 con el regreso de Fernando VII. La desamortización fue concebida como una medida fiscal no como una reforma agraria.

2.2.- La desamortización de Mendizábal

Durante las regencias de María Cristina y Espartero recibe su impulso definitivo la obra desamortizadora orientada prioritariamente hacía el enorme patrimonio del clero (conventual primero, secular después). Pero estas medidas desamortizadoras no conllevaron las necesarias reformas de la Iglesia y agraria.

Con el triunfo definitivo del régimen liberal a la muerte de Fernando VII la obra desamortizadora entra en su fase decisiva por iniciativa principalmente de Mendizábal, después de los ensayos poco afortunados de Godoy, las Cortes de Cádiz y el Trienio Constitucional. El proceso desamortizador es replanteado por María Cristina con anterioridad a la subida de Mendizábal al poder, mediante tres decretos:

·       Supresión definitiva de la Inquisición, adjudicándose sus bienes a la extinción de la deuda.

·       Expulsión de la Compañía de Jesús, destinándose sus propiedades al mismo fin.

·       Supresión de monasterios y conventos que no tuvieran como mínimo 12 individuos aplicando sus bienes a la extinción de la Deuda.

Con J. Álvarez de Mendizábal se realiza la primera obra desamortizadora propiamente dicha con una serie de leyes durante el bienio 1836 - 1837. Se centra en los bienes del clero regular, ampliados después a los del clero secular, (en teoría debía este proceso ir ligado a una reforma de la Iglesia, que fue olvidada).

El plan de Mendizábal acelera su proceso de aplicación ante las necesidades económicas del Estado para hacer frente a la guerra carlista, y en consecuencia, se hace atropelladamente, no siendo alcanzados los objetivos previstos, que eran:

·       Solución de los apuros de la Hacienda y del problema de la Deuda.

·       Reforma agraria en beneficio de la masa campesina.

·       Reforma de la Iglesia, que por el contrario, queda despojada de sus bienes y abandonada a su suerte

·       Ampliación de la base social del nuevo régimen liberal, ya que los compradores de bienes nacionales, la burguesía, eran liberales con anterioridad a la desamortización.

Esta desamortización se realizó fundamentalmente mediante dos decretos: el de 8 de marzo de 1836 que enumera los institutos religiosos, los monasterios y conventos afectados por la misma, y el más importante, de 29 de julio de 1837 completando el anterior. Fueron declarados propiedad nacional los bienes raíces, rentas, derechos y acciones de las comunidades e institutos religiosos de ambos sexos con muy pocas excepciones, disponiéndose además, que fueran sacados en pública subasta.

Mendizábal esperaba que las tierras fueran a parar a manos de los agricultores medios, a tal fin, la ley del año 37 dispuso que se admitieran dos tipos de compradores, los que pagarían en efectivo (en un plazo de 16 años) y los que lo harían con títulos de deuda (con un plazo menor).

Consecuencias, en opinión de algunos autores, entre ellos Tomás y Valiente, el proceso desamortizador de Mendizábal fracasó en su cuádruple objetivo mencionado anteriormente, pero en contrapartida su radicalismo anticlerical puso en contra del régimen isabelino a:

·       la Iglesia en bloque, con su enorme poder como grupo de presión;

·       el campesinado, burlado en sus esperanzas de alcanzar la propiedad, su situación empeora al ser subidos los arriendos por los nuevos dueños;

·       los sectores liberales, partidarios del entendimiento con la Iglesia;

·       el grupo ilustrado, que se mostró partidario de una auténtica reforma agraria.

En cuanto a los beneficios obtenidos por la Hacienda Pública, fueron menores en comparación con lo que se esperaba. La realidad es que no sólo no desapareció la Deuda Pública, sino que aumentó. Pero también es cierto que hubiera sido imposible seguir emitiendo deuda si no hubiera existido la cobertura de los bienes nacionalizados.

2.3. Desamortización de Espartero

Durante la regencia de Espartero (1840-1843) se completa el proceso desamortizador iniciado por Mendizábal; en Septiembre de 1841 una nueva ley desamortizadora que afectó a inmuebles y tierras que el clero secular tenía en las ciudades. Estas propiedades fueron declaradas "bienes nacionales” y sacadas a subasta. La subasta de los inmuebles eclesiásticos de las ciudades posibilitó a los grupos financieros la adquisición de estas propiedades, engrosando sus fortunas con la construcción de edificios en un momento en que debido a la inmigración, la demanda de viviendas era muy alta.

Paralelamente a esta ley desamortizadora, otra ley, también de 1841, se ocupó del tema de las necesidades de la Iglesia y de sus ministros, las cuales serían cubiertas con una contribución estatal de culto y clero.

La ley de Espartero estuvo en vigor escasamente tres años. Esta desamortización estaba tan vinculada al partido progresista en el poder que su caída ocasionó su paralización. La interrupción de la obra desamortizadora fue obra de Narváez (Década moderada 1843-1854), y no será hasta el Bienio Progresista (1854-1856), siendo ministro de Hacienda Pascual Madoz, cuando se complete la tarea desamortizadora.

2.4. La desamortización de Madoz, 1855.

La ley General de Desamortización de 1855, venía a completar la obra de Mendizábal. Con esta ley se pretendía concluir la venta de los bienes del clero interrumpida por los moderados, y autorizar la enajenación de los bienes de propios y baldíos de los ayuntamientos, que fueron sacados a subasta, (se declaraban en venta todas las propiedades del Estado, del clero, de las Órdenes Militares, cofradías, de los propios y los comunes de los pueblos…). La venta de los citados bienes se destinaría a amortizar la deuda del Estado, a nivelar el presupuesto y a financiar obras públicas, especialmente el ferrocarril. El proyecto aparecía de nuevo ligado, a la desastrosa situación financiera

En los catorce meses en que estuvo en vigor la ley de Madoz se realizaron un gran número de ventas. La ley de Madoz encontró una fuerte resistencia en el partido moderado, que argumentó que la desamortización municipal no debería llevarse a cabo por el desequilibrio social que ocasionaría el traspaso de esos bienes en favor de unos pocos ciudadanos y en perjuicio de la mayoría del pueblo. El partido moderado, encontró también el apoyo de los partidos de derecha en las cortes, e incluso de la propia Isabel II, que llegó a vetarla. Pero la reina hubo de capitular, y la ley fue aprobada.

El perjuicio de esta ley fue muy grave tanto para los municipios, que obtenían la mayor parte de sus recursos de estos bienes, como para los sectores rurales modestos, que se vieron privados de terrenos para pastar, cazar y recoger leña. Por otro lado esta nueva propiedad fue de difícil acceso a los campesinos más modestos. Fue la que alcanzó un mayor volumen de ventas y tuvo una importancia superior a todas las anteriores, sin embargo los historiadores se han ocupado tradicionalmente mucho más de la de Mendizábal. Su importancia reside en su duración, el gran volumen de bienes movilizados y las grandes repercusiones que tuvo en la sociedad española.

3.  CONSECUENCIAS DEL DOBLE PROCESO DESAMORTIZADOR

Podríamos concluir con las consecuencias del proceso desamortizador:

Sociales: No se crea una clase media campesina. Impuso una mayor miseria a los campesinos, los nuevos propietarios hicieron más duras las condiciones de los contratos que empleaban a jornaleros. Se creó así una nueva oligarquía, la de los burgueses territoriales, que no reformaron sus explotaciones, sino que se convirtieron en absentistas, que viven de las rentas, sin preocuparse de la modernización de las haciendas.

Económicas:

·       Aumentó la extensión de tierras cultivadas

·       No se produjo el proceso de renovación técnica que debía traer corno resultado un aumento de la productividad de la tierra. Los rendimientos por hectárea siguieron siendo bajos.

·       Los Ayuntamientos perdieron una de las más importantes fuentes de ingresos, lo que ocasionó una mayor centralización al depender del Ministerio de Gobernación y por contra una pérdida de la autogestión y descentralización que defendían los progresistas.

Culturales:

·       Numerosas obras de arte y bibliotecas fueron vendidas a precios bajos y acabaron fuera de España (otros engrosaron los fondos de bibliotecas públicas).

·       Quedaron abandonados numerosos edificios de interés artístico con la subsecuente ruina de los mismos, pero otros en cambio se transformaron en edificios públicos y fueron conservados para museos u otras instituciones.

La desamortización de fincas urbanas (edificios conventuales) contribuyó a la transformación del modelo de ciudad, la ciudad burguesa, caracterizada por la desaparición del viejo caserío, crecimiento en altura, apertura de nuevas vías, grandes edificios públicos y ensanches. Los antiguos conventos pasaron a tener otros usos o fueron demolidos.