TEMA 11-12. LA TRANSICIÓN Y LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1975-2000). 2º BACH-PULPÍ
Aquí os dejo el último tema del curso. Realmente en las anteriores EvAU este tema lo habían partido en dos pero amí me gusta darlo como un conjunto. No obstante, en el propio desarrollo veréis como es más extenso que los anteriores y se especifica muy claramente donde está el inicio de los gobiernos democráticos y el final de la Transición. La Constitución de 1978 es el proceso político que marca la frontera entre ambos procesos.
Este tema es más técnico que los anterios porque aparecen bastantes nombres y leyes que configuran la base del modelo de Estado que tenemos.
Tenemos que entender lo que es la Transición y por qué se hizo con la legalidad anterior, la de la la Dictadura franquista, ya que intentaba buscar el consenso y el entendimiento entre fuerzas políticas totalmente contrarias.
Tenemos que darle importancia a la Constitución y sus artículos también porque es la ley fundamental de nuestro Estado.
Podemos aludir que algunos colocan el inicio de los gobiernos democráticos en el triunfo del PSOE en las elecciones de 1982 pero que nosotros comenzamos con las primeras elecciones democráticas ganadas por Suárez, aunque están en el contexto de la Transición.
Hay que destacar el papel de Suárez y de González fundamentalmente. Tenemos que especificar la política social, económica e internacional del PSOE en los ochenta. Y destacar, sobre todo, la primera legislatura de Aznar (1996-2000) ya que el tema que se especifica terminaría en esa fecha. Como veréis realmente se llega hasta 2004 porque considero que es importante destacar toda la legislatura de Aznar. Incluso, en la conclusión del tema, se podría hablar sobre los recientes acontecimientos políticos, aunque es algo arriesgado.
Os dejo aquí el enlace a un vídeo que tiene partes del documental "Memoria de España" y que nos da una buena visión del perído 1975-1982
LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA Y LA VICTORIA DEL PSOE
Y aquí tenéis la ultima parte que va desde la victoria del PSOE en 1982 hasta la derrota de Aznar en 2004 y la victoria de Zapatero
LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS 1982-2004
Aquí tenéis el desarrollo del tema que os he enviado también por email.
Presidentes de la democracia española hasta el 2011
Este tema es más técnico que los anterios porque aparecen bastantes nombres y leyes que configuran la base del modelo de Estado que tenemos.
Tenemos que entender lo que es la Transición y por qué se hizo con la legalidad anterior, la de la la Dictadura franquista, ya que intentaba buscar el consenso y el entendimiento entre fuerzas políticas totalmente contrarias.
Tenemos que darle importancia a la Constitución y sus artículos también porque es la ley fundamental de nuestro Estado.
Podemos aludir que algunos colocan el inicio de los gobiernos democráticos en el triunfo del PSOE en las elecciones de 1982 pero que nosotros comenzamos con las primeras elecciones democráticas ganadas por Suárez, aunque están en el contexto de la Transición.
Hay que destacar el papel de Suárez y de González fundamentalmente. Tenemos que especificar la política social, económica e internacional del PSOE en los ochenta. Y destacar, sobre todo, la primera legislatura de Aznar (1996-2000) ya que el tema que se especifica terminaría en esa fecha. Como veréis realmente se llega hasta 2004 porque considero que es importante destacar toda la legislatura de Aznar. Incluso, en la conclusión del tema, se podría hablar sobre los recientes acontecimientos políticos, aunque es algo arriesgado.
Os dejo aquí el enlace a un vídeo que tiene partes del documental "Memoria de España" y que nos da una buena visión del perído 1975-1982
LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA Y LA VICTORIA DEL PSOE
Y aquí tenéis la ultima parte que va desde la victoria del PSOE en 1982 hasta la derrota de Aznar en 2004 y la victoria de Zapatero
LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS 1982-2004
Aquí tenéis el desarrollo del tema que os he enviado también por email.
TEMA 11-12: EL PROCESO DE
TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA. LA CONSTITUCIÓN DE 1978. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS
Con la muerte de Franco (20 de noviembre de 1975) y la
proclamación de don Juan Calos I
como rey de España el 22 de noviembre de 1975, se puso fin a casi cuarenta años
de Dictadura en nuestro país y se inició un periodo conocido como TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 1975 – 1982,
proceso político en el que se restauró la monarquía borbónica por tercera vez
en la historia de España y se recuperaron las libertades políticas mediante la
restauración de las instituciones democráticas pérdidas tras el inicio de la
Guerra civil en 1936. La victoria
electoral del Partido Socialista (PSOE), en las elecciones de 1982, ha sido
aceptada generalmente como el momento histórico que marcó el fin de la
transición.
Por
lo tanto se entiende por Transición democrática al periodo de restauración de
las instituciones democráticas que tuvo lugar en España entre 1975 y 1982,
aunque en el desarrollo de este tema lo situaré en el período que va desde la
muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución de 1978 que es la
expresión jurídica de este cambio político.
El periodo de la transición democrática en España tuvo unas
características peculiares entre las que cabe destacar:
– El esfuerzo realizado por recobrar las libertades y los derechos
de la democracia, que supuso un ejemplo de la madurez alcanzada por la sociedad
española en los años setenta.
– Fue fruto de una acuerdo, consenso
o pacto entre algunos dirigentes políticos del antiguo Estado franquista y
la oposición (socialistas y comunistas), a la que se le facilitó su integración
en el sistema a cambio de la supresión de los aspectos más radicales de sus
respectivos programas (republicanismo, revolución social, independencia de
Cataluña o País Vasco).
– Porque la transición se realizó de forma pacífica y no supuso una
brusca ruptura del Estado que hubiera supuesto la sustitución de la Monarquía
por otro régimen.
DE LA CONTINUIDAD DE ARIAS NAVARRO
AL REFORMISMO DE SUÁREZ
En noviembre de 1975, de acuerdo con
lo establecido en las leyes de la dictadura, Juan Carlos I fue proclamado rey. En diciembre de 1975, el rey confirmaba como presidente del
Gobierno al franquista Carlos Arias
Navarro, aunque la persona de confianza del rey para encargarse de la “Reforma democrática” sería don Torcuato Fernández Miranda (perfecto conocedor del ordenamiento político
vigente y antiguo profesor del rey), este sería nombrado Presidente de la
Cortes y del Consejo del Reino. Este primer gabinete mostraba una postura de
continuidad del régimen que no fue más allá de unas leyes que ampliaron el
derecho de reunión.
Se hablaba de iniciar una apertura
política que modificara lo heredado del franquismo (“de la ley a la ley a través de la ley”), mientras que la oposición
a la dictadura defendía la idea de una
ruptura total con lo anterior. Por lo tanto el primer dilema político se
centró en la base que iba a desarrollar el proceso de transición: ¿continuidad
o ruptura con el régimen franquista? La posición de ruptura estaba representada
por los grupos opositores que se habían unido en dos organizaciones: la Junta Democrática de España, nacida en
1974 a iniciativa del Partido Comunista, y la Plataforma de Convergencia Democrática, de 1975 y coordinada por
los socialistas. Ambas se unirían en 1976 en la llamada Coordinación
Democrática, conocida como “Platajunta”.
Pronto se puso de manifiesto que el presidente Arias no estaba dispuesto a
encabezar un proceso de reforma.
La oposición en la calle con huelgas y manifestaciones era cada
vez mayor y se centraba en una doble vertiente: laboral-sindical (con la huelga
general de Vitoria de 1976 como ejemplo donde el ministro del Interior, Fraga,
pronunció las famosas palabras de “la
calle es mía” para justificar los cinco muertos que provocó la acción
policial) y política, coincidiendo en tres ejes: libertades, amnistía y
autonomía de las nacionalidades históricas. Las exigencias se hicieron eco de
las peticiones de los presos políticos del franquismo que se desarrolló en
marzo del 77.
Desde el interior del régimen aparecieron posiciones reformistas,
aunque también había quienes defendían el inmovilismo, la extrema derecha
conocida como “bunker”. El 30 de
Junio de 1976 Arias presentó su dimisión y el rey designó como presidente a Adolfo Suárez, un joven político
procedente de los sectores reformistas del Movimiento y que conectaba con el
deseo y la idea del monarca. El nombramiento fue acogido con sorpresa y
decepción, llegando a ser calificado como el “error Suárez”. Sin embargo Suárez en sus primeras declaraciones
como jefe de Gobierno utilizó un lenguaje totalmente nuevo con expresiones como
soberanía popular, pluralismo político, reconciliación nacional, iniciando las
negociaciones con las fuerzas de la oposición y anunciando elecciones generales
en el plazo de un año. La reforma estaba
en marcha y ella sería la que acabaría desarbolando el régimen franquista.
En estas condiciones empezó a
gobernar Suárez, con una doble oposición, la de los sectores inmovilistas y la
de los defensores de la ruptura. Entre las reformas llevadas a cabo hay que
destacar:
-
La aprobación del decreto por el
que se aprobaba una amplia amnistía,
de la que quedaban excluidos los delitos de terrorismo. Este punto permitió la
cicatrización de algunas heridas que dejó el régimen.
-
En noviembre, la aprobación de la Ley para la Reforma Política,
por la que se constituirían unas Cortes bicamerales elegidas mediante sufragio
universal. La aprobación de esta ley por
las Cortes franquistas suponía la liquidación de dicho régimen (el “Harakiri”
del régimen) pues derogaba los Principios Fundamentales del Régimen, por ello
para que esta ley entrara en vigor tuvo que ser sometida a “referéndum” tal y
como establecía el ordenamiento jurídico del régimen franquista. En la
elaboración del texto aparecían conceptos como democracia y soberanía popular
por lo que significó la base del nuevo lenguaje política que desembocaría en un
nuevo modelo estatal. Las negociaciones para su aprobación fueron duras y
consiguieron el objetivo marcado gracias a la fuerza del nuevo reformismo,
apoyado por el monarca, y el apoyo de la gran mayoría de los procuradores a
Cortes, gracias a las garantías que el gobierno de Suárez les daba como el no
pedir responsabilidades y el mantenimiento del partido comunista en la
ilegalidad, al menos de momento. El búnker fue el único elemento ideológico del
franquismo que mantuvo su negativa.
-
El 15 diciembre del mismo año es
aprobado mediante referéndum el programa político de reformas del gobierno. La
oposición, desde la derecha recomendó el voto en contra y desde la izquierda
se pidió la abstención consiguiendo casi un 25%. El pueblo no hizo caso ni a
unos ni a otros y la participación fue del 77% de la población con el 94% de los votos afirmativos. Este
resultado acercó ambas posturas contrarias gracias a la expresión democrática
del pueblo español, aunque aún había utilizado los cauces de esa democracia interna propia del franquismo
(el referéndum).
Aquella ley permitió poner en marcha un proceso para la
celebración de elecciones. Pero antes era necesario configurar un sistema de
partidos. Desde el poder se constituyó la Unión
de Centro Democrático (UCD) con Suárez a la cabeza y representante del
reformismo franquista; la derecha se organizó en torno a Alianza Popular (AP) con Fraga como principal representante, otro
antiguo ministro del régimen. Aún faltaba por legalizar a los grupos de oposición,
no hubo problemas con los socialistas
(PSOE) encabezados por Felipe González, pero sí con los comunistas y con su
líder Santiago Carrillo, que dieron un ejemplo de contención y organización
tras el asesinato de un grupo de abogados laboralistas de Comisiones Obreras y
cercanos al PCE en enero de 1977. El asesinato de estos abogados es considerado
por algunos como el último gran crimen del franquismo, ya que fue realizado por
personas cercanas al búnker. El 9 de abril (Sábado Santo y coincidiendo con las
vacaciones de Semana Santa y, en consecuencia, no quedaba prácticamente ninguna
guarnición en los cuarteles por lo que era impensable un movimiento militar) se
legaliza el PCE, a cambio Santiago
Carrillo aceptó reconocer la monarquía y abandonar el republicanismo.
El 15 de junio de 1977 tuvieron lugar las primeras elecciones
generales por lo que podemos resaltar que se cumplen o se van a cumplir
recientemente 40 años de esas primeras elecciones democráticas, y este factor
es uno de los que me han hecho decantarme para el desarrollo de esta prueba por
la opción B.
Las ganó el partido del
gobierno, UCD, con 165 diputados, seguido del PSOE con 118; el PCE obtuvo 20 y
AP, 16. Los partidos nacionalistas también consiguieron una cierta
representación. Para poner en marcha el sistema, puesto que nadie había
conseguido la mayoría absoluta, era necesario recurrir a la negociación. La
coyuntura exigía el acuerdo en tres cuestiones fundamentales:
·
Hacía falta un gran pacto económico
para salir de la crisis, que se consiguió con la firma de los denominados Pactos de la Moncloa, en octubre de
1977, con presencia de todas las fuerzas políticas. Su principal objetivo fue
reducir la inflación y poner en marcha un conjunto de reformas para repartir
equitativamente los costes de la crisis que se estaba desarrollando en España.
Se desarrolló una devaluación de la peseta, se generalizó el control del gasto
público, se aumentaron los salarios y se desarrolló una reforma tributaria y de
la Seguridad Social
·
En segundo lugar, existía consenso en
la necesidad de negociar con las instituciones
europeas.
·
Por último, no se podía avanzar por la
vía democrática sin un gran pacto político, y este solo era posible mediante la
elaboración y aprobación por las nuevas Cortes de un texto constitucional.
LA CONSTITUCIÓN DE 1978
En el proceso de Transición, uno de
los momentos clave será el de la aprobación de un nuevo texto constitucional,
el de 1978. Las elecciones de junio de 1977 no contenían en su convocatoria el
carácter de constituyentes para las dos Cámaras que iban a ser elegidas, sin
embargo, nadie dudaba que aquellas Cortes debían elaborar un texto que sirviera
para definir un nuevo sistema político que se desmarcara del modelo franquista,
sobre todo por el importante resultado de la izquierda. Había que buscar un
texto de consenso que uniera las distintas posturas políticas.
El 26 de julio de 1977 se formó la
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, y dentro de ella se
constituyó una ponencia constituida por Miguel
Herrero Rodríguez de Miñón, Gabriel Cisneros y José Pérez Llorca (UCD), Gregorio Peces Barba (PSOE), Manuel Fraga (AP), Jordi Solé Tura (PCE) y Miguel
Roca, representante de los nacionalistas catalanes. El anteproyecto fue
presentado en enero de 1978 y, tras los trámites parlamentarios, fue aprobado
por ambas Cámaras en el mes de octubre, y sometido a referéndum el 6 de diciembre de 1978. Es conocida
como la Constitución del consenso.
El texto se compone de un preámbulo,
un título preliminar, 10 títulos, cuatro disposiciones adicionales, nueve
transitorias, una derogatoria y una final.
·
El preámbulo es una declaración de principios
acerca de los objetivos que se persiguen, y que se pueden sintetizar en la
consolidación del Estado de Derecho.
·
El título preliminar
señala los valores en los que se fundamenta la Constitución. España se define
como un “Estado social y democrático de
derecho” y reconoce como forma política del Estado la Monarquía Parlamentaria (art. 1). Se garantiza el derecho a la autonomía “de las nacionalidades y
regiones” (art.2), se asigna un papel fundamental a los partidos
políticos como expresión del pluralismo político e instrumento de
participación de los ciudadanos en la vida política del país (art.6) y,
asimismo, hay un reconocimiento a desempeñar por los sindicatos y las fuerzas
armadas.
·
El título I, “De los derechos y deberes fundamentales”, comienza con una adhesión a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y recoge un amplio catálogo de derechos, tanto individuales y
políticos como sociales: participación política, igualdad, libre circulación,
asociación, reunión, libertad de enseñanza, sindicación y huelga, trabajo,
vivienda, cultura, medio ambiente. Cabe destacar la abolición de la pena de
muerte.
·
El título II está dedicado a la Corona, cuyo titular es “jefe del
Estado, símbolo de su unidad y permanencia” (art. 50). Se considera que es a
don Juan Carlos I a quien le corresponde desempeñar el cargo, como legítimo heredero
de la dinastía histórica, y se establecen los mecanismos sucesorios. Las
funciones del rey se contemplan en el art. 62, entre otras, sancionar y
promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales, proponer a las
Cortes el candidato a presidente del gobierno y nombrarlo a propuesta del
Congreso de los Diputados, nombra a propuesta del presidente a los ministros,
mando supremo de las Fuerzas Armadas, que quedan supeditadas al poder civil.
Esta actuaciones del monarca que sobrepasan las meramente representativas las
hemos podido observan con dedicación en la formación de esta última legislatura
del gobierno del Partido Popular.
·
El título III trata sobre las Cortes Generales, con dos Cámaras, Congreso de los Diputados y Senado, elegidas por sufragio
universal, igual, libre, directo y secreto. La circunscripción electoral es la
provincia. Ambas Cámaras tienen la potestad legislativa, aprueban los
Presupuestos Generales del Estado y controlan al Gobierno.
·
Los títulos IV y V se refieren al Gobierno y a sus relaciones con las Cortes. El Gobierno está formado por el
Presidente, el Vicepresidente y los ministros. El presidente es propuesto al
rey cuando obtenga la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados o mayoría
simple en segunda votación. El Gobierno ejerce la función ejecutiva, dirige la
política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa
del Estado. Tiene iniciativa legislativa, responde ante las Cortes, puede
someterse a una cuestión de confianza y ser objeto de una moción de censura.
·
El título VI se ocupa del poder judicial. Según el art. 117, “la justicia emana del pueblo y
se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder
judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de
la ley”. El Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno de los jueces. El Tribunal Supremo es la máxima instancia
de justicia en España.
·
El título VII se refiere a cuestiones de “Economía y Hacienda”.
·
El título VIII trata “De la organización territorial del Estado”
y regula todo lo referente a la autonomía de los municipios y, sobre todo, a la
formación de comunidades autónomas, así como a las competencias que estas
podían asumir y aquellas que quedaban bajo la tutela del Estado. También regula
lo concerniente a la aprobación de los Estatutos de autonomía, que en todo caso
deben ser aprobados por las Cortes Generales.
·
El título IX trata sobre el Tribunal Constitucional. Este alto tribunal se ocupa de velar por
la constitucionalidad de las leyes aprobadas por las Cortes o los Parlamentos
autonómicos, velar para que se respeten los derechos y libertades de los
ciudadanos y resolver los conflictos de competencias entre el estado y las
Comunidades Autónomas.
·
El título X se refiere a los mecanismos para
reformar la Constitución.
Como bien se expresa en el título VIII de la Constitución debemos
remarcar la construcción del Estado de Autonomías, que aunque se inicia tras la
proclamación de esta Constitución y por lo tanto sería objeto del siguiente
tema, sí que posee unos antecedentes que los sitúan en el contexto de este tema
dedicado a la Transición.
Este proceso se inicia con la etapa de las preautonomías que se
centra en las denominadas autonomías históricas a las que se le otorgó una
autonomía provisional entre los años 1977 y 1978. La primer preautonomía que se
concedió fue la catalana con el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña
el 29 de septiembre de 1977 y con Josep Tarradellas como su primer presidente.
El caso vasco tenía otras
implicaciones por la existencia de ETA y del PNV, con un fuerte peso político,
junto con la cuestión navarra que quedó fuera de la formación de una gran
comunidad vasca. La preautonomía vasca se materializó en un Consejo General
Vasco aprobado el 6 de enero de 1978.
En Galicia la UCD tenía más peso político y era partidaria a la
opción restrictiva aunque se concedió la preautonomía con la creación de la
Xunta de Galicia provisional en marzo de 1978.
El acceso a este tipo de autonomía se materializó en la
Constitución por medio del artículo 151 por el que accedió Andalucía también el
28 de febrero de 1980, decidido este paso por vía del referéndum. Los demás
pasos en la construcción de esta autonomía corresponden a la década de los 80.
CONCLUSIÓN:
Con este último apartado finaliza la Transición, un período que en
nuestro país siempre ha tenido a muchos defensores pero que en los últimos
momentos también están apareciendo fuertes opositores, sobre todo en las fuerzas
de izquierda que piden a gritos “el
cambio” como una de sus consignas. ¿Estará preparada España para un nuevo
debate sobre nuestro modelo de Estado? ¿La España de la Transición está
viviendo sus últimos momentos?
Son preguntas que el futuro más cercano nos resolverá en un
período de tiempo relativamente corto. Sólo esperemos que nuestros políticos no
abusen de un sistema político y que sepan regenerarlo a tiempo. No queremos
vivir episodios como los acaecidos en 1868 con la Revolución Gloriosa cuando el
régimen isabelino estaba desahuciado, o en los inicios de la década de 1920,
cuando el sistema de la Restauración estaba pidiendo a gritos una regeneración.
Aprendamos del pasado que es la mejor lección que nos pueda aportar la
Historia.
*NOTA: Esta conclusión puede ser algo personal, intentar adaptarla
a vosotros mismos.
GOBIERNOS
DEMOCRÁTICOS: 1978-2000
GOBIERNO
DE LA UCD CON ADOLFO SUÁREZ (1979-1981).
El gobierno de la UCD formada tras las primeras
elecciones democráticas en 1977 tuvo como principal objetivo desarrollar la
Constitución como un texto de consenso en el que imponer las bases del nuevo
modelo de Estado. Al no tener mayoría absoluta la inestabilidad política y
social hicieron mella en su asentamiento en el poder por lo que se volvieron a
convocar elecciones generales en marzo de 1979.
De nuevo obtuvo
mayoría UCD pero más ajustado que el anterior. Al mes siguiente de las
generales, se celebraron elecciones municipales. El mayor número de concejales
fue para UCD, pero esa victoria era engañosa, ya que los socialistas vencieron
en la mayoría de los núcleos de más de 50 000 habitantes. Además en muchos
ayuntamientos se llegó a un acuerdo de gobierno entre socialistas y comunistas
que hizo que el resultado final se interpretara como un triunfo de la
izquierda. De este modo, las elecciones aumentaron aún más el marco de
inestabilidad política con una fuerza de izquierda en claro progreso y un
partido nacido del régimen en claro retroceso.
El consenso político
mostrado en la Constitución y en los Pactos de la Moncloa permitió la
promulgación del Estatuto de los Trabajadores en 1979 y el Acuerdo Nacional en
1981, a pesar de la crisis interna del partido y la externa que golpeaba al
país.
En esta legislatura,
una de las cuestiones más trascendentales será la puesta en marcha del Estado
de las Autonomías que mostró la flaqueza y el declive de la UCD en las
distintas elecciones autonómicas. Hubo tres comunidades que podían desarrollar
su proceso con menos trámites, aquellas que habían aprobado un Estatuto de
Autonomía mediante referéndum durante la II República, Cataluña, País Vasco y
Galicia. Las tres gozaron primero de un régimen preautonómico y luego tuvieron
un Estatuto de Autonomía aprobado por las Cortes. A continuación le siguió
Andalucía, que tuvo que superar trámites como el referéndum de iniciativa
autonómica del 28 de febrero de 1980
ya que utilizó la vía del artículo 151 al igual que las nacionalidades
históricas. El resultado del referéndum fue positivo a pesar de la oposición
del gobierno, y que contribuyó a la crisis de la UCD. El Estatuto andaluz fue
finalmente aprobado en 1981.
El gobierno tenía que
hacer frente a problemas como el
terrorismo (ETA), la crisis
económica (inflación, paro, conflictividad obrera…), pero lo más grave era
su falta de decisión política, tanto por la oposición socialista como por su
propia división interna, mostrada en
aspectos como la Educación o la libertad sindical. Fruto de esta situación se
mostraba a Suárez como un líder cuestionado que tuvo que afrontar una moción de
censura en mayo de 1980 presentada por el socialista González y que no
prosperó. El gobierno entró en parálisis hasta el punto de que Adolfo Suárez
presentaría su dimisión en enero de 1981 a la vez que el terrorismo iba
adquiriendo protagonismo político. Como candidato a la presidencia, UCD
presentó a Leopoldo Calvo Sotelo. El
mismo día que se votaba su investidura, el 23 de febrero de 1981, se produjo un
intento de golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel de la Guardia
Civil Antonio Tejero. Fue un hecho
complejo, con involucrados civiles y militares, fruto de conspiraciones
militares anteriores, mal planeado. Pero
la intervención del Rey por televisión, apoyando la democracia, logró detener
el golpe. Don Juan Carlos se dirige a la
población por televisión vestido de uniforme de Capitán General de los
ejércitos y defiende el ordenamiento constitucional. El golpe había fracasado.
GOBIERNO
DE CALVO SOTELO (1981-1982)
El nuevo
gobierno de Calvo Sotelo trató de organizar el proceso de constitución de las
autonomías, continuó con las negociaciones para ingresar en la Comunidad Europea e introdujo a España
en la OTAN. Sin embargo, no pudo
mantener la cohesión y la unidad de su propio partido, y en las elecciones de
1982 el PSOE obtuvo mayoría absoluta. La victoria socialista es interpretada
como el punto final de la Transición Democrática.
LA ERA SOCIALISTA EN ESPAÑA, Los gobiernos de Felipe González (Octubre
1982- Marzo de 1996)
Las elecciones
generales del 28 octubre de 1982 dieron un vuelco al panorama político español. Para algunos
historiadores, por sus resultados y consecuencias se han considerado el punto y final de la etapa de transición
democrática iniciada en 1975, aunque nosotros ponemos ese punto y final ocn
la firma y aprobación de la Constitución, como marca el enunciado de este tema.
El PSOE se había presentado a las
elecciones del 82 con un programa que, bajo el lema "Por el cambio", logró una aplastante victoria,
consiguiendo 202 diputados, lo que le permitió gobernar con mayoría
absoluta. La hegemonía del PSOE fue
prácticamente absoluta durante más de una década. Se mantuvo catorce años en el poder, hasta
1996. Fueron cuatro legislaturas, las
tres primeros gobernó con mayoría absoluta, solo tuvo mayoría relativa durante
su última legislatura, 1993-1996, y el presidente de gobierno fue siempre el
secretario general del partido, Felipe
González.
El resultado electoral puso de
manifiesto el hundimiento de dos partidos PCE y UCD y el ascenso de la derecha
representada por Coalición Popular, nuevo nombre adoptado por la antigua
Alianza Popular de Fraga. Mientras el
Partido Comunista de España se desplomaba, la UCD no se recuperó del fracaso
electoral y acabó desapareciendo. Por su
parte Coalición Popular se convirtió en la primera fuerza de la oposición.
El triunfo del socialismo en las elecciones
de 1982 representaba un hito en la historia de España. Por primera vez se
había producido el acceso de la izquierda al poder, sin coaliciones frentistas
y sin pronunciamientos de Corte decimonónico
LA HEGEMONÍA
DEL PSOE
El PSOE se propuso superar definitivamente la herencia del franquismo y realizar una política reformista con el objetivo de
modernizar el país.
Los socialistas pretendían:
- 1º
Contrarrestar los efectos de la crisis económica de los años 70
- 2º Crear un
estado de bienestar social similar al existente en otros países desarrollados
- 3º Consolidar
el régimen democrático y desarrollar el Estado de las Autonomías.
- 4º Culminar el
proceso de integración de España en Europa.
1º LA POLÍTICA ECONOMICA
En 1982 la situación económica española era
crítica: balanza de pagos negativa debido a la crisis del petróleo, inflación
alrededor del 14%, el paro alcanzó el millón de desempleados, el crecimiento
anual de la economía apenas superaba el 1%, la inversión estaba estancada como
consecuencia de los altos tipos de interés y el déficit público era muy
alto. Después del triunfo socialista en
1982, la política económica fue encomendada a Miguel Boyer, quien emprendió una política de ajuste económico encaminada a controlar el déficit del comercio exterior y la inflación.
Para realizar el ajuste, se adoptaron medidas urgentes como:
- Moderación del
incremento salarial y la aplicación
de medidas de austeridad económica.
- Se abordó una reconversión industrial diseñada por el ministro Carlos Solchaga con la intención de
sanear y reordenar los sectores en crisis, como el textil, el naval o el
minero-metalúrgico. El proceso fue duro por las consecuencias que trajo
consigo, pues supuso la reducción de plantillas y el aumento del paro, que
alcanzó en 1985 el 22% de la población.
- Aunque el hecho que más trascendió a la opinión
pública fue la expropiación del "holding.
RUMASA”, un hecho económico, político y hasta jurídico tan importante como
controvertido, en el que las empresas del holding de Rumasa fueron expropiadas
primero y luego reprivatizadas.
- Devaluación de la
peseta
-
La reforma fiscal emprendida afectó tanto al trabajo de las personas físicas (IRPF)
como al patrimonio. El efecto más notable de la reforma socialista fue el incremento de la presión fiscal y la
implantación del IVA (Impuesto indirecto sobre el Valor Añadido), a partir de 1986
Las
consecuencias de esta política, tan necesaria como inevitable, fue:
- El aumento del desempleo, en lugar de la creación de los
800.000 puestos de trabajo que el PSOE había prometido durante la campaña
electoral. En 1985 el
paro llegaba al 20,6% de la población activa, cifra sin precedentes en la
moderna historia económica y social de España.
- El Gobierno tampoco logró controlar el déficit publico,
que acabó incrementándose como consecuencia del estado de bienestar.
-
A partir de 1985 hasta 1992 se inició una nueva etapa económica
marcada por la integración en la
Comunidad Económica Europea y la afluencia masiva de inversiones extranjeras, produciéndose
un incremento económico notable, se
redujo la inflación y aumentaron las exportaciones y se proyectó una imagen de
España moderna y dinámica a través de la Expo de Sevilla y los juegos olímpicos
de Barcelona 92. No obstante, la
recesión de 1993 volvió a afectar a España superándose los tres millones de
parados, el 25% de la población activa
- La
política económica de la
era socialista produjo la terciarización del país.
Algunas medidas económico sociales
disgustaron a los sindicatos, como la regulación restrictiva de las pensiones y
convocaron una huelga general el 14 de
diciembre de 1988. Nuevas huelgas se convocaron en 1992 y 1994 por el aumento
del paro y pérdida del salario real.
2º LA POLITICA SOCIAL
Esta política estuvo encaminada a la
construcción del “estado de
bienestar” y a la distribución
más equitativa de la renta en la sociedad española.
- El gobierno prestó especial atención a
las Pensiones y al paro, con el fin
de reducir las desigualdades sociales.
Además se aplicó en Andalucía el
Plan de Empleo Rural PER, surgieron fraudes en el cobro de las prestaciones
y se extendió la llamada “economía sumergida”.
- Se estableció un sistema nacional de salud universal, ampliando la cobertura
sanitaria a todos los ciudadanos.
- Se
incrementó la escolarización de alumnos de enseñanzas medias y universitaria, y se democratizó la
estructura de los centros educativos a través de la Reforma Educativa (LODE,
ley orgánica de derecho a la educación de José Maria Maravall, en 1985) y la
LOGSE (Ley orgánica general del sistema educativo de Javier Solana en 1990) por
la que se amplió la escolaridad obligatoria hasta los 16 años y se estableció
la enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
3º LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO
Desde su primera etapa
de gobierno, el equipo dirigido por Felipe González se propuso consolidar la
democracia y para ello adoptó una serie de medidas tales como:
- La Reforma de la Administración de Justicia. Se ejerció un mayor control sobre el Consejo General del Poder Judicial por
parte del Parlamento.
- La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (1985)
- Supremacía del poder civil sobre el militar. El Ejército quedó
como un cuerpo exclusivamente profesional, al margen de la política y del orden
público. Se aprobó la ley reguladora de
la Objeción de Conciencia.
- Potenciación de la lucha antiterrorista contra ETA. Para ello: - se ejerció una mayor presión de las fuerzas de orden público y - se obtuvo la colaboración activa de Francia - Además
se promovió la reinserción social de
terroristas arrepentidos y – se firmaron los Acuerdos de Ajuria Enea (enero de 1988), suscrito
por todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco, con la
excepción de Henrri Batasuna, para lograr la “normalización y pacificación de
Euzkadi”.
4º. FINALIZACION DEL PROCESO DE LA NUEVA
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
En 1983 se concluyó el mapa autonómico, con la
excepción de las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla (1995). A continuación se pone en marcha el traspaso
de competencias del Estado a diversas Comunidades Autonómicas acompañadas de la
financiación correspondiente.
5º. LA POLÍTICA INTERNACIONAL
La política exterior de los gobiernos de
Felipe González se orientó fundamentalmente hacia Iberoamérica y Europa, aunque
se prestó atención a Marruecos. Tres aspectos destacan principalmente en el
panorama de la política internacional:
¨
El ingreso de España en la OTAN. La adhesión a la alianza militar se había
realizado en 1981, sin embargo el ingreso formal no se produjo hasta mayo de
1982. El ingreso en
la OTAN fue muy conflictivo al haberse mostrado el PSOE contrario a esta
decisión en la campaña electoral de 1982. Una vez conseguido el acceso al
poder, y bajo las presiones internacionales, Felipe González dio un cambio
radical a sus anteriores posiciones y apoyo el “SI” en el referéndum convocado
para marzo de 1986 sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica, se produjo la victoria del "Sí.
¨
La entrada de España en la CEE. El
PSOE logró la integración plena de España en la CEE mediante la firma, el 12 de
diciembre de 1985, de un Tratado de Adhesión, acuerdo que entró en vigor el 1
de Enero de 1986.El tratado preveía un periodo de adaptación hasta enero de
1993 durante el que se realizaría un progresivo desarme arancelario para productos
industriales y agroalimentarios, una dura reconversión de nuestra siderurgia,
el fin del monopolio sobre el tabaco y el petróleo, la mejora de competitividad
de los productos agrícolas y ganaderos y la reestructuración de la flota
pesquera española, entre otros. Aunque
las consecuencias iniciales de la integración fueron negativas, produciéndose
un aumento de las importaciones, los beneficios posteriores fueron mayores
gracias a los “FONDOS DE COHESION” y
a las ayudas para el desarrollo.
España participó en todos los proyectos
europeos y se comprometió en el Tratado
de Maastricht (1992), que fundó la Unión Europea. También apoyó la creación de la moneda única,
el euro.
Con las elecciones de
1993 los socialistas perdieron la mayoría absoluta. Obtuvieron 159 diputados
por 141 de los populares, mientras que IU subía a los 18. Felipe González buscó
el apoyo parlamentario en los grupos nacionalistas (CiU).
La inestabilidad
generada por esa situación se vio agravada por los problemas de división
interna en el partido. Asimismo, alcanzaron cada vez más importancia los casos
de corrupción (Caso Guerra, Filesa, Roldán…), a lo que se sumaron las denuncias
de participación de las fuerzas del orden con los grupos Antiterroristas de
liberación (GAL), acusados de guerra sucia contra ETA. Estos factores, unidos a
la falta de apoyo para la aprobación de los presupuestos generales de 1996,
condujo a Felipa González a convocar elecciones.
LOS GOBIERNOS DE CENTRO-DERECHA (3 de
Marzo de 1996- 2004)
El declive de los gobiernos del PSOE se
tradujo en la derrota electoral que sufrió este partido en 1996. Esta circunstancia permitió al Partido
Popular (PP), liderado por José Maria
Aznar, acceder al poder, (eran las séptimas elecciones generales de la
nueva democracia española, celebradas el 3
de Marzo de 1996), aunque por un escaso margen de votos, pues el Partido
Popular sólo obtuvo 15 escaños más que el PSOE, por los que no pudo lograr
gobernar en solitario. El triunfo por minoría obligó al PP a buscar auxilio de
otras fuerzas políticas y, no sin esfuerzo, logró el apoyo de CIU, PNV y
Coalición Canaria, que, evidentemente, suponía para el PP no poder aplicar
completamente su programa. Las cosas cambiaron tras las elecciones del año
2000, que dieron la mayoría absoluta al partido popular.
EN SU
PRIMERA ETAPA DE GOBIERNO (1996 – 2000), el PP desarrolló una política centrista y dialogante con grupos políticos y sociales que hasta
ese momento le eran hostiles: CIU y PNV y los Sindicatos. Con estos últimos, el Gobierno logró
importantes acuerdos, mostrándose como un partido de derecha moderada y
renovada, dispuesto a hacer olvidar los problemas de corrupción de los años
anteriores
1. Moderación
de sus políticas que
confirmó a la derecha española como una alternativa democrática y así facilitó:
·
La trasferencia de competencias a favor
de las comunidades autónomas.
·
Reformó el mercado de trabajo
·
Mantuvo el poder adquisitivo de las
pensiones y el equilibrio financiero de la Seguridad
Social (que peligraba en una población cada vez más envejecida).
·
Suprimió el Servicio militar obligatorio.
2.
Relativa bonaza económica. España cumplió las condiciones
exigidas en el Tratado de Maastricht
(1992) a costa de aplicar severas medidas de austeridad en el gasto
público, lo que explica la oposición de IU por la política de privatizaciones
de empresas, que provoca la inquietud de los obreros y las reacciones
sindicales. Finalmente, el 2 de mayo de 1998, la cumbre que reunió en Bruselas
a los principales mandatarios de la UE aprobó la definitiva lista de los once
países que integrarían el grupo de vanguardia de la recién creada moneda única
europea (el euro) y España entre ellos.
Además, el índice de paro se
redujo, situándose en torno al 10%, los tipos de interés, el déficit publico y la inflación descendieron
(todos se mantuvieron en torno al 5%).
El índice de crecimiento anual de la economía española fue, en general,
superior al de los países de nuestro entorno.
El gobierno llevó a cabo incluso una
reducción de los impuestos directos.
3.
Avances significativos en la lucha
antiterrorista a
través de la desarticulación de comandos terroristas y la movilización social
en el País Vasco y en el resto de España.
LOS
GOBIERNOS DEL PP DESDE EL AÑO 2000
Finalmente, en las elecciones generales
del 12 de Marzo de 2000, el PP consigue una mayoría absoluta y formar gobierno
sin la necesidad de llegar a acuerdos con las minorías. Esta etapa se
caracterizó por:
- El Gobierno del PP optó por una política
de recorte de derechos laborales como la modificación del subsidio de desempleo
y reforma o supresión del PER sobre todo en Andalucía, encontró la oposición de
UGT y CCOO, que convocaron conjuntamente la huelga general de 2002.
- Se produjo un enfrentamiento entre el PP
y diversas fuerzas políticas nacionalistas
- La Reforma prevista en la enseñanza a
través de la Ley de Calidad de la Educación (diciembre de 2002) originó
numerosas protestas
- La previsión realizada por el Gobierno
de reducir la tasa de inflación no se cumplió y los esfuerzos por lograr un “déficit cero” provocaron un deterioro de
servicios públicos y la disminución de los gastos sociales.
- Se produjo un evidente alineamiento de
España con la política del presidente de EEUU, George Bus. La postura
proestadounidense del Gobierno español se enfrentó con una enorme oposición
popular y política, que se manifestó en manifestaciones contra de la guerra de
Irak
- Cuando el segundo mandato del PP llegaba
a su fin, el 11 de marzo de 2004, España sufrió el mayor atentado terrorista de
su historia. La autoría islámica del
atentado fue interpretada por muchos ciudadanos como una respuesta del
terrorismo islamista por el apoyo de del PP a la política de Bush.
En las elecciones del 14 de marzo de
2004, contra la mayoría de los pronósticos, resultó ganador el PSOE.
CONCLUSIÓN:
El desarrollo de los gobiernos
democráticos han permitido desarrollar el Estado del Bienestar y la democracia
plena en nuestro Estado. La imposición del bipartidismo en el poder no ha sido
un obstáculo para el avance de la sociedad y de la configuración de un Estado
moderno, a la altura de las expectativas que impone la UE, y que nos permita
estar en un lugar de privilegio en el contexto internacional, superando la
etapa anterior franquista.
A partir del año 2000 se producen nuevos
avances y nuevas incógnitas que resolver por los distintos gobiernos. La
maquinaria del Estado avanza y el Estado del Bienestar no debe retroceder. Como
hemos visto en estas líneas es una de nuestras principales señas de identidad.
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